Para que el Supremo admita una apelación es necesario un auto de avocación, un procedimiento para revisar un dictamen de un tribunal inferior, y este sólo se puede conceder si se considera que el caso tiene gran importancia para la aplicación de la ley o si hay otras razones particulares.
Tras analizar el caso de Assange, el Tribunal Supremo consideró que no hay motivos para conceder ese acto, según su dictamen.
Esta decisión conlleva que la orden de detención internacional contra Assange emitida por la Interpol sigue vigente.
Se trata de una “notificación roja”, el nivel más alto de la Interpol, que se difunde para detener o hacerlo provisionalmente a personas buscadas internacionalmente y con fines de extradición, en este caso, a petición de la Oficina Internacional de la Fiscalía Pública de Gotemburgo (Suecia).
El Tribunal de Apelación de Svea, en Estocolmo, había ordenado el pasado día 24 mantener la orden de ingreso en prisión dictada anteriormente por un juzgado de primera instancia, aunque hizo dos matizaciones.
La sospecha por violación se mantiene, pero rebajándola a la categoría de “delito menor”, y en una de las tres denuncias por acoso sexual se considera que el grado de sospecha “no es lo suficientemente fuerte”.
Todos los casos están relacionados con la estancia de Assange en Suecia el pasado mes de agosto para pronunciar varias conferencias sobre su actividad en Wikileaks.
Los problemas con la justicia sueca comenzaron el 20 de agosto, cuando una fiscal de guardia emitió la primera orden de captura contra él por sospecha de violación, una decisión revocada 24 horas después por la fiscal jefe, que redujo el caso a un delito menor de acoso.
La fiscal superior, Marianne Ny, asumió entonces la dirección de la investigación y unos días después decidió reabrir la investigación por violación, que culminó el mes pasado con una nueva orden de ingreso en prisión contra Assange.
Assange, australiano de 39 años, ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres pero que éstas fueron consentidas y ha insinuado que podría tratarse de un complot contra su persona instigado por Estados Unidos a raíz de las revelaciones de documentos secretos de este país hechas por Wikileaks.
Su abogado en Suecia, Bjoern Hurtig, también apuntó en esa dirección, y mostró su sorpresa por la asignación de una “notificación roja” para el delito, así como por la negativa de la Fiscalía a que Assange fuera interrogado desde una embajada en el extranjero.
Vía EFE
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