Desde las pasadas elecciones parlamentarias el Gobierno ha expropiado 26 empresas

Foto: Blog JardinBambu.blogspot.com/Archivo

Desde las elecciones parlamentarias del 26 se septiembre hasta el domingo, el gobierno de Hugo Chávez ha expropiado o adquirido de manera forzosa 26 empresas, entre las que se cuentan la estadounidense Owens Illinois y la venezolana Venoco.
Desde 2002 ha sido estatizadas 266 grandes empresas, fábricas y haciendas agropecuarias por considerar que se dedicaban a actividades estratégicas.
Las cifras que se manejan son aproximadas, pero incluyen las empresas más relevantes tanto de la actividad como de la región. Isabel Pereira, subdirectora de Cedice, aclara que hay un subrregistro tanto en los montos que les adeuda el Estado a los antiguos dueños como en el número de propiedades que han pasado al control del Estado. “Muchos de los afectados temen que si aparecen sus nombres no se les procesen los pagos. Sin embargo, hemos visto que el Estado sólo paga a las grandes transnacionales, pero no a los criollos”, afirmó
El 29 de septiembre, cuando no quedaban dudas de la manera como quedó integrada la próxima Asamblea Nacional, el Gobierno aceleró los procesos de expropiación que comenzó en 2002, cuando pasó a manos del Estado la empresa Poliolefinas Internacionales C. A. que se dedicaba a actividades petroquímicas y de producción de resinas de plástico en el estado Zulia.
Hasta 2005, no hubo más expropiaciones ni nacionalizaciones, pero ese año se expropió el hato El Charcote, como el comienzo de la lucha contra el latifundio, y pasaron al control estatal otras nueve empresas, entre ellas un hotel y una procesadora de tomates.
En 2006, el afán expropiador se limitó a un central azucarero en Motatán, estado Trujillo, pero al año siguiente 17 empresas fueron estatizadas, algunas desprivatizadas, como Cantv; nacionalizadas como La Electricidad de Caracas, o aplicado el método Chaz, con la hacienda La Marqueseña.

Hasta 2005, no hubo más expropiaciones ni nacionalizaciones, pero ese año se expropió el hato El Charcote

En 2008, de acuerdo con las estadísticas de Conindustria, se aceleró la expropiación de haciendas productivas, tanto agrícolas como pecuarias, al igual que las ecoturísticas, como el hato el Frío, el cual es el primero que pasa a manos del Estado mediante la adquisición forzosa. En total 26 “actividades estratégicas” pasaron a ser gerenciadas por el Estado, entre ellas el hotel Ibiscus.
En 2009, ya la palabra socialista y propiedad social es parte del vocabulario cotidiano del Gobierno y se habla sin eufemismos de socialismo marxista y del modelo centralizado de planificación económica. De un plumazo, 75 empresas que prestaban servicio a la industria petrolera en la Costa Oriental del Lago son adquiridas por Petróleos de Venezuela, mientras que 24 compañías agropecuarias son tomadas para poner en marcha un plan de reconversión de los cultivos, especialmente las siembras de caña de azúcar en Aragua, Sucre y Barinas. Ese mismo año, según Conindustria, fueron “aseguradas” 12 empresas dedicadas a la producción, comercialización y transporte de alimentos, como Café Madrid, leche Parmalat, Conservas alimenticias La Gaviota y sardinas El Faro.
En 2010, el proceso expropiador dio un salto cuantitativo: 79 empresas. Los sectores más afectados fueron alimentos, comercio, petroquímico y construcción.
Es casi imposible calcular con exactitud, de acuerdo con Pereira, cómo afecta que el presupuesto de seguridad, salud, carreteras y educación se utilice para comprar empresas que funcionan en manos privadas. Según la firma Ecoanálatica, el monto global de las expropiaciones es 27,3 millardos de dólares, que equivalen a las reservas internacionales. No incluye Sidetur ni las 7 urbanizaciones. El Gobierno debe 17,4 millardos de dólares, que no incluye procesos seguidos por el Instituto Nacional de Tierras y los centrales azucareros

Cerrados no expropiados

Las pequeñas empresas que funcionaban en el edificio La Francia fueron cerrados no estatizados, aunque fueron víctimas de la orden: “Exprópiese”. No sólo se afectó a los dueños que tuvieron que buscar otro sitio donde funcionar, sino que dejó sin empleo a cientos de personas, que de ninguna manera pueden solicitar que se les incluya en la nómina del Estado, afirmó Isabel Pereira subdirectora, de Cedice.
Vía El Nacional