El tema de la vivienda es sensible en Venezuela, donde se estima que el déficit habitacional crece a un ritmo de 200.000 unidades por año y se calcula que al momento se necesitan unas dos millones de casas, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad.
Chávez ordenó el domingo intervenir seis desarrollos urbanísticos, la ocupación temporal de más de ocho proyectos de vivienda y medidas especiales de protección para 19 conjuntos residenciales de clase media en todo el país, tras acusar a las constructoras de estafar a sus clientes.
“La clase media está ahora protegida por este Gobierno bolivariano”, dijo enfático Chávez, quien busca reverdecer sus nexos con ese sector que en 1998 lo llevó al poder, pero que progresivamente se distanció cuando comenzó a radicalizar su modelo socialista.
Analistas creen que la medida busca atraer a sectores profesionales a dos años de la elección presidencial, donde buscará reelegirse por seis años más, en momentos en que la oposición ha ganado terreno en las urnas.
“(Chávez) está generando un discurso para la clase media a ver si la endulza y si vota por él”, dijo a Reuters Roberto León Parilli, presidente de Anauco (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores).
El domingo, Chávez recuperó su viejo objetivo de lograr 10 millones de votos en 2012, desde un techo de siete millones que logró en su reelección en el 2006 y que luego se fue debilitando en comicios posteriores.
El mandatario tiene su bastión electoral en los sectores más humildes del país petrolero, a los que ha destinado miles de millones de dólares en programas asistenciales, escuelas, sanidad y un discurso de justicia social. Su acercamiento a la clase media, sin embargo, podría ser un poco más difícil.
PROPIEDAD PRIVADA SOCIALISTA
El Conjunto Residencial “San José del Avila”, en el este de Caracas, fue uno de los expropiados debido a que la entrega de departamentos lleva una demora de más de cuatro años.
En las afueras de este proyecto de nueve edificios y de unos 730 departamentos, una serie de propietarios, profesionales muchos de ellos, se amontonaban en la puerta de entrada.
“Compañeros, hay que organizarse, esta medida es para garantizar el derecho a la propiedad privada de la gente que compró, garantizar la propiedad privada de la familia”, explicaba, megáfono en mano, una funcionaria del ente estatal que defiende a los consumidores.
Chávez intenta mostrar a la clase media los “abusos” del capitalismo, como en el caso de las viviendas cuya entrega se demoró durante años mientras los propietarios pagaban millonarios reajustes de precios.
“Gracias a la medida que tomó el presidente vemos la luz al final del túnel”, dice el profesor Rubén Reinoso, quien apoya la medida pese a que recibió su apartamento, pero estaba inconforme con los cobros de la constructora y con las terminaciones de la obra.
La oposición denuncia que el Gobierno socialista de Chávez está acabando con la propiedad privada mediante masivas expropiaciones y nacionalizaciones, que han afectado desde multimillonarios proyectos petroleros a pequeñas empresas alimentarias, en su camino hacia el comunismo.
“Estas expropiaciones, lejos de aligerar el proceso de construcción de viviendas, lo retrasa, afectando negativamente a las familias venezolanas que requieren con urgencia una solución habitacional”, dijo en un comunicado la Cámara de la Construcción.
Esperando su turno para entrar a la urbanización estaba Morela Ramos, quien compró hace años un departamento que no fue entregado.
Su posición sobre la medida de Chávez es clara. “Totalmente la apoyo, la apoyo, lo aplaudo y tiro laureles”, señaló mientras arengaba a sus futuras vecinas.
Por Mario Naranjo
Reuters
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