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A mediados de año, el Gobierno nacional comenzó una política de “apretar tuercas” a las instituciones de salud privada, mediante inspecciones, leyes, anteproyectos y acuerdos que, según sostiene, buscará cesar la especulación en los costos, el desacato a los marcos legales y reducir las irregularidades que se han incrementado en los centros de salud privados.
Por tanto, en el seno de la Asamblea Nacional (AN), han venido redactando textos y acuerdos para atender, tal como señala, “las múltiples denuncias que se han registrado en los últimos meses”.
Vale recordar que en el segundo semestre de este año surgió la iniciativa, por parte del diputado de la subcomisión de Salud de la AN, Tirso Silva, de redactar un anteproyecto de Ley de Regulación de las Instituciones Públicas y Privadas de Salud. Este texto plantea, entre otras cosas, la creación de la oficina nacional reguladora de las instituciones privadas de salud, eliminación de la medicina sistémica y la formulación de un sistema de tarifas y servicios únicos.
Sin esperanzas. Con respecto al documento, se pudo conocer que los legisladores en el hemiciclo no son optimistas en cuanto a su sanción, debido a que, supuestamente, el documento “no ha sido visto con buenos ojos”, por los demás palamentarios de la AN. A la par, algunos diputados plantearon que “desconocían la existencia del anteproyecto de ley”.
En ese orden, la semana pasada se aprobó en la Comisión de Finanzas un convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito entre la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y el Instituto de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), que tiene como propósito procesar las denuncias relacionadas “con la inobservancia de la Ley de la Actividad Aseguradora”. Las partes concertaron elaborar un informe de cada fiscalización realizada dentro del marco de este convenio, en el cual se expondrán “avances, logros e incidencias de todos y cada uno de los hechos observados durante el desarrollo de la referida actividad de fiscalización”.
Es importante señalar que los representantes de la iniciativa no precisaron los lineamientos que tomarían en cuenta para realizar la data de las instituciones de salud, más aún, no argumentaron si los organismos, tomando en cuenta las irregularidades registradas, fomentarán sanciones.
No obstante, el diputado de la Subcomisión de Salud, Tirso Silva, señaló que con la participación del Indepabis se establecerán posibles sanciones en aquellas instituciones que incurran en constantes irregularidades.
Suman normativas. Hoy se conformará en la Comisión de Finanzas de la AN, una Sala Situacional, que tendrá como objetivo registrar las anomalías de los centros privadas.
“Se va a establecer un cronograma de trabajos de cómo se van a coordinar los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Indepabis, diputados de la AN y funcionarios de la Superintendencia de Seguros, de manera que los venezolanos puedan tener la certeza de que su denuncia será tramitada”, explicó Silva.
Recientemente, el diputado Silva anunció la creación del Indepabis para la Salud, que se encargará de “defender” los derechos de los usuarios de servicios médicos privados.
Añadió que el Indepabis para la Salud será una institución que recibirá no solo las denuncias o vulneraciones de los derechos, sino que también va a crear un dispositivo de solución en el momento en que se presente la emergencia, para dar respuesta inmediata.
60% de los asegurados viene de la administración pública
Según datos de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, de 28 millones de habitantes, algo más de 8 millones no cuentan con pólizas de seguro, lo que corresponde a 30% de la población.
Según explicó el presidente del gremio, Hipólito García, la demanda en el sector se ha incrementado debido a la carencia de instituciones de atención primaria.
“Un paciente asiste a una clínica con un dolor de cabeza, y utiliza su póliza por el malestar. Si bien es cierto que ese dolor puede ser producto de un dengue, también puede ser una cefalea”, consideró.
En ese sentido, manifestó que las emergencias no colapsarían si se aumentaran los centros de salud primaria.
Añadió que la data de clínicas y del sector seguros expresa que las emergencias en los centros de salud privados han aumentado 100%, de las cuales 60% es la proporción de pólizas pagadas por empresas y organismos del Estado.
Agregó que actualmente los seguros del Gobierno (Bolivariana y La Previsora) adeudan a las clínicas e instituciones de salud privados más de BsF 500 millones que no han sido cancelado desde hace unos meses.
“Estamos compilando toda la información, pero nos deben mucho dinero”.
Por: MEILY USTÁRIZ M.
VíaÚltimas Noticias
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